Actualmente la máxima exigencia de la población trans en el Perú es la aprobación de una Ley de Identidad de Género que proteja nuestros derechos y reconozca nuestras necesidades, sin embargo, hasta que ese día histórico llegue, a nivel regional, provincial y distrital se puede hacer mucho con ordenanzas locales contra la discriminación de mujeres y hombres transgénero, prohibiendo un trato diferente y perjudicial por nuestra identidad u orientación sexual.  

En diferentes partes del país existen ordenanzas contra la discriminación pero son pocas las que especifican la “identidad de género” u “orientación sexual” entre sus párrafos. La mayoría de estos documentos precisa que “se prohíbe la discriminación por motivo de sexo, raza, religión, opinión o condición económica”, entre otras causales, omitiendo aquellas que nos afectan directamente a la población LGBTI.

Otras ordenanzas, ‘más inclusivas’, detallan que “se prohíbe la discriminación por motivo de sexo, raza, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”, con este último agregado quieren decir que ningún tipo de discriminación está permitida en la jurisdicción que así lo haya promulgado, sin embargo, las causales “identidad de género” y “orientación sexual” siguen sin visibilizarse.

La invisibilidad es una de las peores actitudes que se puede adoptar frente a personas que están dentro del grupo de “poblaciones vulnerables” identificadas por el Estado. Hacer como que no existimos es una forma de violencia, una violencia estructural que puede combatirse de forma local a través de ordenanzas como las que ha promovido, por ejemplo, la primera autoridad transgénero del Perú.

La Libertad y su regidora Luisa Revilla

En 2014, Luisa Revilla Urcia se convirtió en la primera y única autoridad transgénero del Perú al ingresar como regidora por la municipalidad distrital de La Esperanza (perteneciente a la provincia de Trujillo) y desde entonces ha luchado por la no discriminación por identidad de género y orientación sexual. Sus mejores herramientas de gestión para lograrlo: las ordenanzas.

Gracias al trabajo de Luisa, en la región La Libertad existen 4 ordenanzas:

1. Una a nivel regional que prohíbe todo tipo de discriminación por identidad de género y orientación sexual.

2. Otra ordenanza en la provincia de Ascope que prohíbe toda discriminación por identidad de género, orientación sexual y de personas viviendo con VIH.

3. En el distrito de La Esperanza, donde prohíben toda discriminación por identidad de género, orientación sexual y de personas viviendo con VIH.

4. Ordenanza distrital de Santiago de Cao que prohíbe toda discriminación por identidad de género y orientación sexual.

El trabajo de Luisa Revilla continúa, actualmente está promoviendo la aprobación y promulgación de 2 ordenanzas provinciales más, una para Trujillo y otra para Virú. Definitivamente necesitamos más Luisas en todo el Perú.

Ordenanzas en Lima: un buen ejemplo y un mal ejemplo

En el caso de Lima, la mayoría de los distritos que cuentan con ordenanzas que prohíben la discriminación, no mencionan la identidad de género ni la orientación sexual, sin embargo, si necesitamos un ejemplo de una ordenanza inclusiva LGBTI, tenemos que mencionar la promulgada por el distrito de Miraflores.

En la mencionada jurisdicción se prohíbe la discriminación por “raza, género, religión, condición económica, clase social, posición política, indumentaria, orientación sexual, identidad de género, actividad, condición de salud, discapacidad, lugar de origen o residencia, edad, idioma o de cualquier otra índole”, precisa su ordenanza, teniendo un alcance mayor que beneficia a muchas más personas. Hay que tener en cuenta que eso dice su documento, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, un sereno de ese municipio lo conozca y lo cumpla a cabalidad.

Por otro lado, San Borja cuenta con una ordenanza supuestamente “antidiscriminación”, sin embargo, una trans, un gay o una lesbiana tranquilamente podrían ser discriminados en las calles de ese distrito. Esto dice su ordenanza:

“No constituyen actos discriminatorios aquellos que tengan como finalidad no permitir actos contra el honor, la moral, las buenas costumbres y/o que afecte a los valores de la familia”.

Cabe destacar que las ordenanzas regionales, provinciales y distritales deben ser aprobadas en sesiones de consejo, por lo tanto, el correcto procedimiento implica llevar el proyecto de ordenanza a la gerencia o subgerencia correspondiente, y hacer el trabajo de incidencia política y sensibilización con cada autoridad que estará presente en el consejo que votará.